Durante décadas, las mujeres hemos luchado por algo tan básico como ser reconocidas como sujetas plenas de derechos. El acceso a la educación, al trabajo, a la justicia y a una vida libre de violencia no fue un regalo del sistema; fue el resultado de movimientos sociales, activismo, reformas legales y, sobre todo, de miles de historias de dolor que exigían ser escuchadas.
Hoy vemos cómo muchos de esos esfuerzos se reflejan en nuevas leyes, protocolos y reformas que buscan proteger a las mujeres frente a distintas formas de violencia. Órdenes de protección más rápidas, reconocimiento de la violencia digital, tipificación del feminicidio, leyes contra la violencia vicaria y mecanismos de atención con perspectiva de género son avances que, sin duda, representan un paso importante hacia una sociedad más justa.
Sin embargo, en medio de este proceso surge un debate necesario: ¿qué ocurre cuando parte de la sociedad percibe que estas leyes generan una desprotección?
Hablar de esto no debería ser incómodo ni polarizante. Por el contrario, es una conversación indispensable si queremos construir un sistema jurídico verdaderamente equilibrado.
El objetivo de las reformas en favor de las mujeres nunca ha sido sustituir una desigualdad por otra. Su finalidad es corregir una realidad histórica en la que las mujeres han enfrentado mayores niveles de violencia, discriminación y desigualdad estructural. La perspectiva de género no busca privilegiar a un sexo sobre otro; busca comprender las condiciones sociales que generan esas desigualdades para poder atenderlas.
Pero también es cierto que cualquier sistema legal debe garantizar siempre un principio fundamental: la justicia para todas las personas.
Cuando una ley o su aplicación genera la percepción de que una persona puede quedar indefensa por razón de su género, surge un desafío para el Estado y para quienes ejercemos el derecho. No se trata de eliminar las protecciones para las mujeres, sino de perfeccionarlas para que no se conviertan en instrumentos que puedan ser utilizados de manera injusta.
La justicia no puede construirse desde los extremos.
Retroceder en los derechos conquistados por las mujeres sería ignorar una historia profunda de desigualdad y violencia. Pero tampoco podemos permitir que el debate social se convierta en una batalla entre hombres y mujeres. El derecho no debe dividirnos; debe encontrar mecanismos que protejan la dignidad de todas las personas.
En este sentido, el reto actual no es eliminar las leyes con perspectiva de género, sino fortalecerlas con criterios de equilibrio, debido proceso y análisis individual de cada caso.
Como abogada en materia familiar y defensora de los derechos humanos, estoy convencida de algo: cuando la justicia se aplica con responsabilidad, perspectiva y sensibilidad social, no excluye a nadie.
Las mujeres necesitamos leyes que nos protejan.
Los hombres necesitan un sistema que garantice que serán escuchados.
Y la sociedad necesita instituciones capaces de hacer ambas cosas al mismo tiempo.
El verdadero avance jurídico no consiste en inclinar la balanza hacia un lado, sino en lograr que finalmente permanezca en equilibrio.
Porque una sociedad justa no se construye enfrentando derechos, sino reconociendo la dignidad de todas las personas.
Mariana Franco Abogada y mediadora familiar con perspectiva de género. Acompaña a personas y familias en procesos legales complejos con ética, sensibilidad y firmeza, priorizando la dignidad y la justicia.
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