¿Cuántas veces, al recorrer las comunidades, la gente me ha preguntado cómo salir adelante? ¿Cómo lograr que el esfuerzo diario realmente se traduzca en bienestar para sí mismos y sus familias? Son preguntas legítimas que no pueden ignorarse.
Esto implica poner atención a mujeres emprendedoras, microempresas, agroindustrias, así como a las industrias verdes y de economía circular, sin perder de vista que emprender no es para todos y que el bienestar también debe construirse desde empleos dignos, oportunidades reales y condiciones más justas. De igual forma, es necesario generar oportunidades para que personas migrantes y distintos sectores de la población se integren al tejido económico y social, superando los obstáculos que históricamente los han limitado. Porque hay que decirlo con claridad: no habrá bienestar verdadero si no es incluyente.
En este contexto, el trabajo del diputado Rubén González Aguayo, desde la Comisión de Fomento Económico y Turismo del Congreso de Sonora, al impulsar esquemas que fortalecen la organización productiva local —como el reconocimiento y promoción de cooperativas—, refleja la importancia de generar modelos económicos más justos, donde el crecimiento no se concentre, sino que se distribuya entre quienes realmente sostienen la economía desde lo local.
De igual forma, el enfoque de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, a través de estrategias como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, plantea una ruta clara: atraer inversión, fortalecer sectores estratégicos y traducir ese crecimiento en bienestar social y desarrollo regional con impacto real.
Por ello, estoy convencida de que el desarrollo económico debe construirse con equidad, bienestar y una acción pública que realmente impacte en la vida de las personas. Pero también es momento de avanzar hacia modelos más cercanos a la gente, donde las decisiones no se queden en el escritorio, sino que respondan a las realidades de cada comunidad.
Se trata de impulsar un desarrollo que no solo genere crecimiento, sino que distribuya oportunidades, reduzca brechas y fortalezca el tejido social. Un desarrollo que reconozca el valor del territorio y su vocación productiva, apostando también por el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo regional, especialmente en zonas con alto potencial natural y costero, capaces de dinamizar economías locales y proyectar a nuestras regiones.
En esa misma línea, el desarrollo regional exige una visión que articule inversión, infraestructura y planeación, permitiendo que distintas regiones se consoliden como polos de crecimiento, generando empleo y nuevas oportunidades con orden y rumbo.
En lo personal, desde mi responsabilidad como regidora, he impulsado y respaldado acciones orientadas al fortalecimiento de la actividad artesanal y cultural, reconociendo en ellas no solo una expresión de identidad, sino también una fuente real de desarrollo económico para las comunidades. Asimismo, he promovido iniciativas vinculadas al cuidado de especies nativas y al aprovechamiento responsable del entorno, entendiendo que el desarrollo regional también debe construirse en equilibrio con nuestros recursos naturales y el potencial productivo del territorio.
Porque cuando desde lo público se impulsa el desarrollo con visión social, promoviendo modelos como las cooperativas y el fortalecimiento de las economías locales, se construyen bases más sólidas para un crecimiento con bienestar, donde la política realmente cumple su propósito.
El reto no es menor, pero tampoco es ajeno. Es una responsabilidad compartida entre gobierno, sociedad y sectores productivos, donde la coordinación y la visión de largo plazo serán clave. Porque, al final, el verdadero desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino en la calidad de vida de las personas, en su acceso a oportunidades y en la posibilidad real de construir un futuro con bienestar.
Mariana G. Argüelles. Abogada y maestrante en litigación, quien actualmente se desempeña como regidora indígena en el estado de Sonora. A sus 28 años, es una política convencida de que la defensa de los derechos de las mujeres indígenas es una deuda histórica que debemos saldar con acciones firmes, compromiso y justicia social.
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