El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó el endurecimiento de la supervisión a gasolineras en todo el país, ante el incremento reciente en los precios de los combustibles y con el objetivo de evitar prácticas abusivas en su comercialización.
La medida contempla una mayor coordinación entre autoridades regulatorias y de verificación para garantizar que los establecimientos respeten los precios acordados y operen conforme a la normatividad vigente. Asimismo, se advirtió que se aplicarán sanciones a aquellos expendios que incurran en irregularidades o afecten a los consumidores.
Este ajuste en la política de vigilancia se da en un contexto de presiones internacionales en el mercado energético, que han impactado los costos de referencia de los combustibles. Frente a ello, el gobierno federal ha mantenido mecanismos como estímulos fiscales y acuerdos con el sector para contener aumentos abruptos.
La administración federal subrayó que el fortalecimiento de la supervisión busca proteger la economía de las familias, garantizar condiciones de competencia justa y asegurar que el mercado opere con transparencia, en línea con la política de control y estabilidad de precios.
