Los gobiernos de la Cuarta Transformación prometieron un cambio profundo con la bandera anticorrupción, con obras emblemáticas que supuestamente marcarían un antes y un después: el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas, la rehabilitación de líneas del Metro y otros megaproyectos impulsados con prisa, recursos millonarios y bajo la narrativa de “honestidad” y “austeridad republicana”.
Sin embargo, la realidad ha sido completamente distinta: una serie de fallas estructurales, irregularidades en las construcciones, sobrecostos y falta de supervisión rigurosa —y sí, con claros indicios de corrupción— han convertido estas obras en trampas mortales que, lamentablemente, ya han cobrado decenas de vidas inocentes.
El reciente incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas no solo dejó el lamentable deceso de cinco trabajadores, sino también daños colaterales que aún no se cuantifican y que mucho menos el Estado reconoce. Hoy, el río Seco, en la villa Puerto Ceiba de Paraíso, Tabasco, está contaminado en su totalidad por residuos de hidrocarburos provenientes de Dos Bocas, cuya acumulación causó el incendio en la refinería.
La contaminación del río ha provocado la mortandad de peces y otras especies, dejando a los pescadores sin poder trabajar en lo que ha sido su única fuente de ingresos. Además, escuelas, mercados y casas cercanas a la refinería están siendo afectadas por el intenso olor a gas y azufre, así como por los constantes derrames de hidrocarburos que emite la refinería de Dos Bocas.
El Golfo de México está teñido de negro. Lo que para los gobiernos morenistas son “unas gotitas de petróleo”, en la realidad se trata de una emergencia ambiental de gran escala, con impactos visibles en playas, lagunas y comunidades enteras del sureste mexicano.
Desde finales de febrero y principios de marzo de 2026, el crudo ha alcanzado más de 200 kilómetros de litoral entre Veracruz y Tabasco, afectando ecosistemas altamente sensibles y dejando una estela de incertidumbre sobre su origen y alcance. Este hecho se traduce en una crisis social en toda su dimensión: decenas de comunidades costeras han visto desaparecer su sustento casi de un día para otro.
Las actividades económicas de la costa se han detenido por la contaminación, mientras que el turismo enfrenta una enorme desconfianza: nadie quiere visitar playas manchadas de crudo.
El problema no radica únicamente en los accidentes, sino en su recurrencia. Cada fuga, cada incendio, cada derrame evidencia que los sistemas de prevención y respuesta no están a la altura de los riesgos que implica esta industria.
Mientras tanto, la capacidad de reacción de las autoridades ha sido tardía, con argumentos insólitos y dictámenes inverosímiles, dejando en evidencia la ineptitud, la corrupción y la falta de voluntad para garantizar soluciones por parte del gobierno federal.
El doloroso caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico, en diciembre de 2025 en Oaxaca, donde trece personas perdieron la vida y casi un centenar resultaron heridas, no se trató de un “error humano” aislado, sino de un accidente que puso en evidencia irregularidades en una de las obras estrella de la 4T.
Lo más grave: expuso posibles redes de corrupción, a partir de imágenes y reportes posteriores que revelaron problemas en la vía, fallas en el balasto y una ejecución que priorizó la velocidad sobre la calidad y la seguridad.
Este no es un incidente aislado. Recordemos la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, en mayo de 2021, cuando un viaducto elevado colapsó, causando la muerte de 26 personas y dejando decenas de heridos.
Las investigaciones independientes y peritajes oficiales coincidieron en lo esencial: soldaduras deficientes, pernos mal colocados o ausentes, concreto de distinta calidad y una estructura que no cumplía con los estándares básicos de ingeniería.
La obra, inaugurada con bombo y platillo, se convirtió en símbolo de lo que ocurre cuando la presión política y la prisa superan a la técnica y a la supervisión independiente.
A esta lista se suman otros incidentes: descarrilamientos en el Tren Maya, el colapso de un túnel recién inaugurado llamado “El Tornillo” y una cadena de percances en infraestructura ferroviaria y de transporte gestionada por las Fuerzas Armadas.
Expertos y analistas han señalado un patrón en común: calendarios acelerados, simulación de obras terminadas, adjudicaciones opacas, materiales de dudosa calidad —como balasto pagado a sobreprecio— y una constante resistencia a reconocer fallas monumentales, que el gobierno federal disfraza como “ataques de la oposición” o “herencia del neoliberalismo”.
El costo real de la ineptitud no se mide solamente en miles de millones de pesos desviados o en sobrecostos documentados; también se mide en familias destrozadas, en madres que perdieron a sus hijos en un tren que nunca debió fallar, en trabajadores que confiaron en una obra “transformadora” que resultó ser una bomba de tiempo.
La austeridad proclamada parece haber recortado precisamente lo que no se puede escatimar: estudios de suelo serios, supervisión externa independiente, pruebas de carga rigurosas y mantenimiento preventivo.
Lo más grave es la respuesta institucional. En lugar de una autocrítica profunda, investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas inmediata, hemos visto excusas, señalamientos a “factores externos” y la insistencia en seguir adelante con más proyectos bajo el mismo modelo.
Mientras tanto, las víctimas quedan en el olvido y se reducen a cifras, acompañadas de la ya conocida frase oficial: “vamos a abrir una carpeta de investigación”.
México merece infraestructura de calidad, moderna, segura y que realmente abone al bienestar de la gente; no obras faraónicas que sirvan para adornar el discurso oficial y generar contenido para redes sociales.
La ingeniería no entiende de ideologías ni de “transformaciones”; obedece a leyes físicas, normas internacionales y buenas prácticas que no se pueden violar sin consecuencias.
Porque cuando se violan —como ha ocurrido con frecuencia en estos años— las obras mal hechas no solo derrochan dinero público: cobran vidas.
¿Hasta cuándo la prioridad dejará de ser la narrativa y pasará a ser la seguridad de los ciudadanos?
Porque cada vida perdida en una obra mal hecha es una factura que ningún discurso puede pagar.
GUILEBALDO AGUSTÍN CARO
Secretario General de la Fundación Colosio Filial Puebla.
Cronista Municipal. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Diplomado en “Evaluación de Políticas y Programas Públicos” por la SHCP en alianza con la SEP.
Diplomado en “Asesor Legislativo” por la UNAM en alianza con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Diplomado en “Derechos Humanos: aproximaciones para su defensa” por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Director de la Consultoría Excelencia Asesores de Gobierno.
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