La reforma electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y ha recibido el aval de al menos 17 congresos estatales, alcanzando el mínimo requerido para su validación constitucional.
Entre los primeros estados en aprobarla se encuentran Tabasco, Oaxaca y Chiapas, seguidos por entidades como Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Baja California, Ciudad de México y Tlaxcala, entre otros.
¿Qué implica el “Plan B”?
La reforma contempla principalmente:
- Reducción del número de regidores en ayuntamientos (máximo 15).
- Tope al presupuesto de los congresos locales (0.7% del gasto estatal).
- Disminución de salarios de consejeros y magistrados electorales.
- Medidas de austeridad y ajustes en la integración de gobiernos municipales.
¿Cuándo entra en vigor?
Tras el aval de los congresos locales, el siguiente paso es la declaratoria de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se prevé que el proceso quede concluido a más tardar el 30 de mayo de 2026, fecha límite para que estados armonicen sus leyes.
En síntesis, el “Plan B” representa una reforma enfocada en la austeridad del sistema político-electoral, aunque su aprobación ha generado un fuerte debate entre oficialismo y oposición sobre sus alcances e impacto en la democracia.
