México ha pagado con ríos de sangre y decenas de miles de desaparecidos el costo del fracaso en materia de seguridad del gobierno de la transformación. Por ello, las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios vinculados a Morena no deberían sorprendernos. Deberían avergonzarnos. Y, sobre todo, obligarnos a mirar de frente lo que durante años hemos preferido disimular con retórica y consignas.
Rocha Moya, un hombre que llegó al poder en una de las entidades más estratégicas para el crimen organizado en el continente, es señalado por fiscales estadounidenses de haber conspirado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. No se trata de rumores de cantina ni de filtraciones convenientes: es una imputación formal que incluye presunta protección a cambio de apoyo electoral, tolerancia al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia el mercado más lucrativo del mundo. Junto a él aparecen señalados un senador, alcaldes y jefes de policía. El espectro completo de lo que, en lenguaje crudo pero preciso, se llama captura del Estado.
La respuesta predecible del oficialismo no se hizo esperar: “son falsedades”, “injerencia”, “ataque a la soberanía”. La misma cantaleta que utiliza el gobierno cuando las evidencias incómodas golpean la narrativa de la “transformación”. Como si la soberanía nacional consistiera en blindar a gobernadores presuntamente coludidos, en lugar de depurar las instituciones. Como si exigir cuentas a quienes administran recursos públicos fuera un acto de traición y no de elemental patriotismo.
México no puede permitirse el lujo de seguir normalizando lo anormal. En apenas un sexenio, el narcotráfico mutó de ser un problema de orden público a convertirse en un actor que disputa territorios, financia campañas, impone candidatos y, en algunos casos, gobierna de facto regiones enteras. Sinaloa no es una anomalía aislada; es la expresión más visible de un patrón que se repite, con distinta intensidad, en varias entidades.
Cuando un gobernador es acusado de pactar con los mismos grupos que envenenan a decenas de miles de jóvenes estadounidenses y mexicanos con fentanilo, la crisis deja de ser únicamente de “seguridad” para convertirse en una crisis de régimen político.
El estilo de gobernar que privilegia lealtades personales y confrontación ideológica por encima de la profesionalización de las policías, la autonomía de las fiscalías y la transparencia en el financiamiento político ha facilitado esta degradación. Hemos visto cómo la “no confrontación”, sello de la llamada 4T, se transformó en tolerancia selectiva y, en casos extremos, en convivencia.
Los resultados están a la vista: récords de homicidios en distintos periodos, fosas clandestinas, extorsiones que asfixian a la economía formal y un flujo incesante de drogas que ha convertido a nuestro país en el principal corredor hacia Estados Unidos.
No se trata de demonizar al partido oficial ni de olvidar el pasado. PRI y PAN también tuvieron sus vergüenzas y sus narco-gobernadores. La diferencia radica en la escala, en la impunidad con la que hoy se asume el problema y en la negativa sistemática a reconocerlo.
Cuando la principal fuerza política del país responde a imputaciones graves con descalificaciones, en lugar de investigaciones objetivas y profundas, envía un mensaje devastador: el partido está por encima de las instituciones y de la verdad.
Es hora de exigir algo distinto. No más discursos grandilocuentes sobre “abrazos, no balazos” mientras los cárteles operan con impunidad en territorios enteros. No más protección automática a cuadros cuestionados bajo la excusa de la unidad partidista. No más subordinación de la procuración de justicia a los calendarios electorales.
México necesita un verdadero Estado de derecho, no uno declamado: jueces independientes, policías depuradas, inteligencia compartida con seriedad y, sobre todo, voluntad política para cortar los vínculos entre el poder formal y el poder criminal.
Rubén Rocha Moya y los morenistas señalados merecen, como cualquier ciudadano, el beneficio de la duda procesal y un juicio justo. Pero el país no puede darse el lujo de la duda colectiva. La evidencia acumulada —no solo la estadounidense, sino la que diariamente viven los sinaloenses y millones de mexicanos— obliga a una reflexión profunda sobre cómo reconstruimos instituciones debilitadas o capturadas.
La historia juzgará con severidad a quienes, pudiendo actuar, optaron por negar la realidad. La transformación que México necesita no pasa por más polarización ni por más negación. Pasa por recuperar el orden y la paz social, reconstruir la confianza en las instituciones y colocar el interés nacional por encima de cualquier interés partidista.
Pero antes, nos corresponde a cada mexicano asumir con responsabilidad el futuro de nuestras decisiones y defender a nuestras familias de las garras de la corrupción y de los narcopolíticos.
GUILEBALDO AGUSTÍN CARO
Secretario General de la Fundación Colosio Filial Puebla.
Cronista Municipal. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Diplomado en “Evaluación de Políticas y Programas Públicos” por la SHCP en alianza con la SEP.
Diplomado en “Asesor Legislativo” por la UNAM en alianza con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Diplomado en “Derechos Humanos: aproximaciones para su defensa” por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Director de la Consultoría Excelencia Asesores de Gobierno.
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