Las sociedades no nacen incluyentes; se educan para serlo. La forma en que enseñamos, aprendemos y convivimos determina si reproducimos prejuicios o construimos una cultura basada en el respeto a los derechos humanos.
El capacitismo es una de las formas de discriminación menos visibles, pero más normalizadas. Se presenta cuando una persona es subestimada, excluida o tratada con menor dignidad debido a una discapacidad o a la percepción de que sus capacidades son inferiores. Esta realidad no solo vulnera derechos fundamentales, sino que limita el desarrollo de comunidades más justas e igualitarias.
La educación tiene un papel decisivo para transformar esta realidad. No basta con garantizar el acceso a las aulas; es indispensable que los espacios educativos promuevan el respeto por la diversidad, eliminen barreras y formen ciudadanos capaces de reconocer que todas las personas tienen el mismo valor y la misma dignidad.
Este compromiso encuentra sustento en el artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe toda forma de discriminación, así como en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a una educación inclusiva como un elemento esencial para alcanzar la igualdad de oportunidades.
Educar para la igualdad implica enseñar empatía, promover la accesibilidad, combatir los estereotipos y comprender que la inclusión no es un acto de solidaridad, sino una obligación jurídica y ética. Una sociedad que aprende a respetar las diferencias desde la infancia es una sociedad que fortalece su democracia, sus instituciones y su Estado de derecho.
Erradicar el capacitismo comienza en el aula, pero trasciende a todos los espacios de la vida pública. Cuando la educación coloca a la dignidad humana en el centro, deja de ser únicamente un medio para adquirir conocimientos y se convierte en la herramienta más poderosa para construir una sociedad donde nadie sea excluido por su condición y donde la igualdad sea una realidad para todas y todos
Mariana G. Argüelles. Abogada y maestrante en litigación, quien actualmente se desempeña como regidora indígena en el estado de Sonora. A sus 28 años, es una política convencida de que la defensa de los derechos de las mujeres indígenas es una deuda histórica que debemos saldar con acciones firmes, compromiso y justicia social.
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