Una ley no transforma por si misma a la justicia. No basta tampoco con crear centros de MASC, ni con capacitar a muchas personas facilitadoras o iniciar muchos mecanismos. Las verdaderas transformaciones jurídicas necesitan de algo más difícil de conseguir, requieren consenso, unidad, criterios compartidos, aprendizaje institucional y una dirección común.
Por eso, en mi opinión, el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa, es uno de los mayores aciertos del modelo mexicano de MASC en esa materia.
En la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se le otorga una arquitectura propia. En los artículos 119 a 121 se reconoce al Consejo como el máximo órgano de autoridad en la materia, consejo que se integra por la persona titular del Centro Público del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todas las personas titulares de los centros homólogos de los tribunales administrativos de las entidades federativas. Entre sus atribuciones se encuentran la facultad de revisar los criterios de capacitación y certificación para homologarlos, la de establecer criterios de publicación de convenios, la de mantener el Registro de Personas Facilitadoras en materia administrativa y por supuesto, la de fungir como órgano consultivo. El Consejo fue instalado en julio de 2025 y hoy se encuentra en proceso de reactivarse con una nueva presidencia.
Hay quien pueda pensar que se trata de un órgano de coordinación más pero no lo es así. En un sistema federal, su función será decisiva para evitar que la LGMASC termine con distintos modelos desconectados entre sí, y hay que decir que homologar, no debe entenderse como sinónimo de uniformar.
Tampoco significa centralizar, por el contrario, la fortaleza de un Consejo de naturaleza nacional radica precisamente en reunir experiencias distintas y permitir que todas ellas sean escuchadas. La pluralidad se traduce en fortaleza y confianza. La construcción de criterios comunes tendrá más legitimidad en la misma proporción en que emane de una deliberación colegiada autentica, la experiencia federal debe dialogar valorando la de las entidades federativas y viceversa, ninguna realidad local debe ser considerada secundaria, de hecho, puede ser la más valiosa. Por ello, un órgano de esta naturaleza debe ser, siempre, un espacio democrático de construcción institucional.
Hay que entender que la justicia administrativa de cada entidad federativa y la federal, tienen estructuras, competencias y realidades distintas, y esa diversidad debe atenderse y respetarse. Ahora, una cosa es reconocer esas diferencias y otra distinta es aceptar que la calidad de un mecanismo, la preparación de las personas facilitadoras o la certeza sobre sus efectos dependa excesivamente del lugar donde se tramite, precisamente por ello debe privilegiarse la flexibilidad y no las posiciones diametralmente opuestas a los principios de los MASC y al consenso nacional. Los MASC administrativos necesitan un piso común.
En mi opinión, ese piso se conforma primordialmente con la capacitación y especialización de las personas facilitadoras. Facilitar un conflicto entre particulares no es igual a hacerlo cuando una de las partes es una autoridad pública. En materia administrativa hay límites que no podemos ignorar: legalidad, interés público, derechos indisponibles, competencias, facultades para transigir, efectos presupuestarios y responsabilidades de las personas servidoras públicas. Sin duda, el diálogo es perfectamente posible para resolver controversias, pero no sucede en un espacio sin límites jurídicos, hay que entenderlo.
El Consejo es importante por eso, porque es la mejor plataforma para construir una identidad profesional experta para la facilitación administrativa. Nadie debería de intentar trasladar automáticamente herramientas, habilidades y técnicas de la mediación civil, laboral, familiar o mercantil, es necesario que se desarrollen capacidades específicas para gestionar conflictos públicos sin ignorar la función de la autoridad ni convertir al mecanismo alternativo en una negociación privada de la legalidad. No se negocia la ley sino se facilita dentro de la misma.
Otro aspecto relevante, es la confianza. Cuando una autoridad participa en una negociación, mediación o conciliación, la ciudadanía debe tener certeza de que existe un marco jurídico con limites muy claros. Como mencioné, dialogar con las autoridades no significa negociar las leyes. Los acuerdos que aspiren a convertirse en convenios deben darse en el marco de la legalidad, por ello el sistema de MASC tiene que explicar por qué algunas controversias se pueden resolverse por convenio y otras no.
El Consejo cuenta además con atribución muy importante relacionada con los criterios de publicación de los convenios. En este punto convergen dos principios primordiales de los MASC, el primero es el de confidencialidad que busca proteger el espacio de diálogo; el segundo, es el de transparencia que protege la legitimidad del mecanismo y de todo el sistema MASC.
El desafío es que la información que se obtenga de los MASC no solo sea suficiente, sino que sirva para que la sociedad entienda cómo funcionan los MASC administrativos, qué materias son las más recurrentes y dentro de qué límites, todo ello sin que los datos personales queden expuestos y sin que la confidencialidad se transgreda. Un sistema de justicia que sabe cómo dialogar, pero no cómo y qué explicar, podría generar la desconfianza que buscamos reducir.
El Consejo Nacional es también un órgano consultivo. Consultar no consiste solo en reunir instituciones para sentarse en una mesa y levantar un acta al final de la junta. Significa escuchar, de verdad. Las personas que representan a los distintos sistemas de justicia administrativa tienen que encontrar en el Consejo un espacio donde puedan plantear sus problemas, compartir sus experiencias, disentir cuando así corresponda y participar activamente en la construcción de cada decisión. La pluralidad lejos de debilitar a un órgano colegiado, lo fortalece. Creo en ello-
De ahí que importe la manera en que se conduzca el Consejo Nacional. Quien tenga la responsabilidad de encabezarlo debe saber que esa función no es una posición desde la cual se dicten instrucciones, sino que implica la responsabilidad de ordenar la conversación general, encontrar equilibrios, acercar posiciones y ayudar a construir consensos en beneficio de la justicia administrativa. Es un órgano democrático, en el que el liderazgo no consiste en que una sola voz sea la que más se escuche; todas las voces deben ser escuchadas.
México está acumulando, poco a poco, experiencia en los mecanismos alternativos dentro de la justicia administrativa, y esa experiencia no deber quedarse aislada en cada tribunal o centro público. Los expedientes pueden mostrar problemas recurrentes, resistencias institucionales, vacíos normativos y buenas prácticas.
Por ello si esa información se comparte y analiza con diligencia, el Consejo puede convertirse en un espacio nacional de aprendizaje.
He hablado en otras publicaciones lo que he denominado “justicia administrativa regenerativa”, concepto que utilizo para referirme a una justicia que no se limita solo a resolver la controversia sometida a su consideración, sino que aprende de ella.
Un sistema de justicia regenerativo pone atención en por qué surgen las controversias, busca identifica patrones y utiliza esa experiencia para perfeccionar sus procedimientos, sus decisiones y las relaciones futuras entre administración y ciudadanía.
El Consejo Nacional debe ser ese lugar donde esa idea adquiera una dimensión práctica.
Por ejemplo, si varios tribunales administrativos de las entidades federativas detectan una misma situación, problema o resistencia que provoca que las autoridades administrativas no acepten participar en un MASC, esa información debe analizarse para comprender mejor ese fenómeno y así buscar estrategias informadas para superar esos obstáculos.
Si determinada práctica que está funcionando en una entidad mejora la calidad de las sesiones o del cumplimiento de los convenios, ese conocimiento debe convertirse en una buena práctica susceptible de extrapolarse a otras entidades del sistema MASC.
Estamos hablando de aprendizaje horizontal, no de fragmentación. El aprendizaje horizontal implica reciprocidad. El Centro Público federal puede aportar experiencia a las entidades federativas, y aprender de ellas, y viceversa. Hay tribunales locales con desarrollos, prácticas y aproximaciones que sin duda enriquecerán el modelo nacional.
El Consejo debe funcionar como el punto de encuentro perfecto para que las buenas ideas trasciendan por su utilidad, sin que sea relevante el lugar del que provienen.
Asimismo, es un espacio ideal para decidir cómo mediremos el éxito. Sería un error que, dentro de algunos años, la única pregunta que pudiéramos contestar sea la de cuántos convenios se han firmados. Los MASC no deben entrar en esa competencia estadística cuantitativa por concluir expedientes. Es importante medir si los acuerdos se cumplen, si las partes comprendieron el procedimiento, si existió una participación equitativa, si la solución fue jurídicamente viable y sostenible y si el conflicto fue correcta y eficazmente gestionado.
Asimismo, he sostenido en otras publicaciones que la justicia administrativa que viene deberá aprender a distinguir qué asuntos necesitan de una sentencia y cuáles podrían encontrar una mejor solución en el diálogo. El Consejo puede ayudar a construir ese conocimiento colectivo.
No debemos pensar en imponer treinta y tres modelos idénticos. Hay que algo más inteligente, instituciones capaces de aprender unas de otras, estándares mínimos confiables y flexibilidad suficiente para ayender a las peculiaridades de cada sistema.
La importancia del Consejo Nacional de MASC en materia de Justicia Administrativa no está, entonces, en sesionar o cumplir formalmente con las atribuciones que le confiere la ley. Está en su capacidad para convertir experiencias dispersas en conocimiento compartido, construir confianza y darle coherencia nacional a una transformación que apenas hemos iniciado.
El futuro de los MASC administrativos no se decidirá solo en las mesas de mediación o conciliación, también se decidirá en nuestra capacidad institucional para aprender juntos qué significa que las autoridades y la ciudadanía puedan resolver ciertos conflictos de una manera distinta, una más humana, cercana y digna.
Mtro. Luis Enrique Osuna Sánchez
Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Presidente del Colegio Nacional de Magistrados del TFJA y de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Promueve un modelo de justicia que repara, sana y dignifica.
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