En los juicios familiares hay conflictos que comenzaron entre dos adultos, pero que terminan colocando a niñas, niños y adolescentes en el centro de una batalla que nunca les correspondió. Una separación, un divorcio, una controversia por guarda y custodia, alimentos o régimen de convivencias puede despertar enojo, dolor, frustración e incluso resentimiento. Es humano. Lo que no puede normalizarse es convertir esos sentimientos en una estrategia para lastimar al otro progenitor utilizando a los hijos como instrumento.
Porque los hijos no son armas, No son mensajeros, No son testigos fabricados para sostener una versión, No son premios para quien “gane” el juicio, No son castigos para quien dejó de ser pareja, Y sobre todo, no son propiedad de ninguno de sus progenitores.
Son personas titulares de derechos
Cuando una controversia familiar llega a los tribunales, el centro de la discusión no debería ser quién tiene más poder, quién tiene mejores argumentos para desacreditar al otro o quién consigue imponer su voluntad. El verdadero centro debe ser una pregunta mucho más importante: ¿Qué decisión protege mejor los derechos y el bienestar de la niña, niño o adolescente involucrado?. El conflicto de pareja no puede ni debe confundirse con la relación parental
Una de las mayores dificultades en los procesos familiares aparece cuando la ruptura de la relación de pareja se traslada a la relación entre madres, padres e hijos. Que una persona haya sido una mala pareja no significa, automáticamente, que sea una mala madre o un mal padre. De la misma manera, que exista un conflicto entre los progenitores no significa que la niña, niño o adolescente deba asumirlo, comprenderlo o resolverlo. La parentalidad no desaparece necesariamente porque termine una relación de pareja.
Por eso, cuando existen hijos, el litigio exige una responsabilidad adicional y es no permitir que el proceso judicial se convierta en una extensión del conflicto emocional de los adultos. Y esto también implica una responsabilidad para quienes ejercemos la abogacía.
Un abogado o una abogada no debería limitarse a preguntarse qué argumento puede hacer más fuerte la posición de su cliente. En materia familiar debemos preguntarnos también cuáles serán las consecuencias de ese argumento en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Porque detrás de cada expediente existe una historia de vida, pero sobre todo existe un niño, niña o adolescente que escucha, que observa y que puede sentirse obligado a elegir.
Y cuando a un hijo se le coloca frente a la disyuntiva de amar a uno de sus progenitores a costa del otro, el conflicto deja de ser exclusivamente jurídico y comienza a tener consecuencias profundamente humanas. Por eso, escuchar a la niñez no significa ponerla a elegir.
Hablar de perspectiva de infancias tampoco significa asumir que toda manifestación de una niña, niño o adolescente debe convertirse automáticamente en la decisión judicial. Significa reconocer su derecho a participar en aquellos asuntos que afectan su vida, tomando en consideración su edad, grado de madurez y condiciones particulares, pero evitando que esa participación se convierta en una carga que no le corresponde.
Los niños , niñas y adolescentes no deberían tener que responder: “¿Con quién quieres vivir?”, como si tuviera que escoger entre mamá y papá. Tampoco sentir que debe convertirse en defensor de uno de sus progenitores. Escucharlos no es esperar una respuesta que satisfaga las expectativas de los adultos. Escuchar a la niñez implica generar condiciones adecuadas para que pueda expresar libremente lo que piensa y siente, sin manipulación, presión o temor.
Implica que las autoridades, las familias y quienes intervenimos profesionalmente sepamos distinguir entre la voz de la niñez y el conflicto de los adultos proyectado sobre ella. El litigio familiar también debe tener límites éticos
Hay una frase que debería acompañar cada escrito, cada audiencia y cada estrategia en materia familiar: “No todo lo que puedo hacer jurídicamente significa que deba hacerlo.”
Pues la posibilidad procesal de incorporar determinada afirmación, prueba o estrategia no elimina nuestra responsabilidad frente a las consecuencias que puede producir. No podemos utilizar la guarda y custodia como una forma de obtener ventaja sobre quien alguna vez fue nuestra pareja.
Sin embargo es importante precisar que cuando existen hechos reales de violencia, abuso, negligencia, riesgo o cualquier otra circunstancia que pueda poner en peligro a una niña, niño o adolescente, denunciarlos y solicitar medidas de protección no es utilizar a los hijos como armas. Aquí significa todo lo contrario, pues se convierte en una obligación de protección. La diferencia está en el propósito, en la evidencia y en la manera en que se plantea el conflicto.
Una cosa es acudir al sistema de justicia para proteger derechos y otra muy distinta es utilizar el sistema de justicia para prolongar una guerra personal. Siempre y en todo momento debemos analizar cada caso de manera individual, libre de estereotipos y colocando en el centro los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Porque la realidad es que también existen padres víctimas de conflictos injustificados y madres que utilizan a sus hijos para ejercer control. Como existen hombres y mujeres que han sufrido violencia. Pero sobre todo niñas, niños y adolescentes que pueden quedar atrapados en medio de cualquiera de esas circunstancias.
Por ello necesitamos abandonar las respuestas automáticas y comenzar a construir decisiones verdaderamente centradas en la niñez. El expediente termina sin embargo las consecuencias permanecen. Y quizá esta sea una de las razones por las que debemos ser especialmente cuidadosos en los juicios familiares.
Un expediente puede concluir, una sentencia puede quedar firme y una audiencia puede terminar. Pero lo que los adultos hicieron durante ese proceso puede permanecer durante años en la memoria y en la vida de sus hijos. Por eso, antes de preguntarnos “¿cómo puedo ganar este juicio?”, deberíamos preguntarnos:
“¿Cómo puedo resolver este conflicto sin destruir el vínculo, la seguridad y la dignidad de quienes no eligieron estar en él?”
Hoy en día, sobre todo en materia familiar, ganar no debería significar que el otro perdió. Ganar debe significar que los derechos fueron protegidos, pues cuando hay niñas, niños y adolescentes involucrados la medida del éxito de nuestra intervención profesional no debería ser cuánto logramos vencer al contrario, sino cuánto logramos proteger a quienes más necesitan que los adultos actuemos con responsabilidad. Nuestras infancias son personas y sus derechos no deberían quedar atrapados en los conflictos de quienes tenemos la obligación de protegerlos.
Mariana Franco Abogada y mediadora familiar con perspectiva de género. Acompaña a personas y familias en procesos legales complejos con ética, sensibilidad y firmeza, priorizando la dignidad y la justicia.
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