La presidenta Claudia Sheinbaum ha entrado en una confrontación abierta con TV Azteca y con una buena parte de los medios independientes. Su llamado explícito durante una mañanera —“no vean TV Azteca”— no es un comentario casual de una ciudadana cualquiera. Es la jefa del Ejecutivo federal, desde la tribuna oficial, recomendando a millones de mexicanos que boicoteen un canal de televisión. Después vino el clásico desmentido: “Es solo una opinión, no es censura”. Pero las palabras presidenciales tienen un peso que las opiniones de cualquier otro ciudadano no poseen. Negarlo es ingenuo e incluso cínico.
Sheinbaum argumenta que la televisora difunde “mentiras” y una campaña de ataque contra su gobierno. Tiene derecho a defenderse, a ejercer su derecho de réplica y hasta a criticar con dureza. Lo que no puede hacer es usar la enorme plataforma del poder público para estigmatizar y deslegitimar a un medio concreto, invitando implícitamente a que la ciudadanía lo ignore o lo castigue. Esa línea es delgada, pero existe. Cuando el Estado señala enemigos mediáticos, genera un efecto inhibidor sobre el resto de la prensa, algo que sucede comúnmente en los regímenes de corte autoritario.
TV Azteca respondió con firmeza, recordando que son los ciudadanos, y no el gobierno, quienes deciden dónde informarse. Si bien es cierto que los reportajes de investigación de la citada televisora incomodan a los gobiernos morenistas, también es verdad que ninguno de los gobernantes aludidos ha desmentido con evidencias documentales dichos reportajes. La historia reciente de México muestra que los gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha, han usado el gasto público en publicidad. Sin embargo, en 2024 el gasto en publicidad oficial del gobierno federal se redujo significativamente en 11.3 %. A pesar de esta reducción, los gobiernos estatales han incrementado su gasto en publicidad: 13 estados alineados con la 4T gastaron más del doble de lo aprobado, y cinco de ellos rebasaron el 1,000 % de su presupuesto autorizado.
Esto representa un cambio estructural. Cuando la asignación publicitaria es discrecional, concentrada u opaca, los gobiernos pueden condicionar líneas editoriales, premiar coberturas favorables y castigar la crítica, afectando el pluralismo y el derecho a la información. Desde luego, también distorsionan la calidad del debate público mediante presiones indirectas para domesticar a los medios. Sheinbaum promete que esto no es como “antes”, cuando se repartían miles de millones. Pero el método actual —la estigmatización pública— puede ser igual de corrosivo para la pluralidad de pensamiento.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de los ciudadanos a recibir información diversa, incluso aquella que incomoda al poder. En un país donde la violencia contra reporteros sigue siendo trágicamente alta, cualquier señal desde Palacio Nacional que sugiera que ciertos medios son “enemigos” o “mentirosos” por sistema alimenta un clima tóxico. Y justamente por ello preocupa lo delicado de la disfrazada opinión personal de la presidenta: no se necesita una ley mordaza explícita para erosionar la libertad; basta con el desprestigio constante y el llamado al boicot desde el aparato del Estado.
Nadie niega que existan sesgos, errores e incluso mala fe en algunos medios. TV Azteca, como Televisa o cualquier otro gran conglomerado, tiene su agenda y propietarios con intereses económicos y políticos claros. Los medios independientes también cometen excesos y, en ocasiones, caen en la polarización rentable. La solución no es que la presidenta de la República les diga a los mexicanos qué ver o qué ignorar. La solución es más prensa objetiva, más competencia en condiciones equitativas, más escrutinio ciudadano y, sobre todo, que el gobierno se concentre en gobernar con resultados en lugar de pelear la narrativa diaria.
La democracia mexicana ya ha sufrido demasiado con la concentración del poder mediático y con la concentración del poder político. Cuando el segundo intenta someter o silenciar al primero, aunque sea “solo con opiniones”, perdemos todos. La verdadera fuerza de un gobierno no se mide por cuántos críticos calla o desacredita, sino por cuánta verdad resiste y cuánta rendición de cuentas tolera. Hasta ahora, las señales de Sheinbaum apuntan en la dirección equivocada. México necesita presidentes con piel más gruesa y una prensa más libre, no condenas a la censura disfrazadas de opiniones personales.
GUILEBALDO AGUSTÍN CARO
Secretario General de la Fundación Colosio Filial Puebla.
Cronista Municipal. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Diplomado en “Evaluación de Políticas y Programas Públicos” por la SHCP en alianza con la SEP.
Diplomado en “Asesor Legislativo” por la UNAM en alianza con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Diplomado en “Derechos Humanos: aproximaciones para su defensa” por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Director de la Consultoría Excelencia Asesores de Gobierno.
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