En Sonora se analizan dinámicas donde las asimetrías de poder inciden en la participación política y social, en el ejercicio del liderazgo y en la integridad personal de mujeres y grupos vulnerables. El enfoque interseccional resulta indispensable cuando confluyen condiciones como ser mujer, indígena o vivir con alguna discapacidad o condición del neurodesarrollo.
Se identifican contextos en los que el fin último no es la deliberación democrática ni el contraste de ideas, sino la anulación política, social y personal de mujeres jóvenes que destacan, ejercen liderazgo y representan nuevos referentes en el espacio público. Esta dinámica opera desde el odio político, personal y la misoginia hacia quienes, desde una condición de vulnerabilidad, logran visibilidad y proyección.
La misoginia y el abuso de poder rara vez se manifiestan como hechos aislados o limitados al ámbito institucional. Se extienden a la esfera personal, familiar y patrimonial mediante la intromisión en la vida privada, la afectación económica y la construcción de narrativas falsas destinadas a desprestigiar y coartar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Además, preocupa la instrumentalización de áreas de operación política para excluir a las mujeres del espacio público.
Es importante señalar que, cuando el poder operativo se utiliza para fabricar delitos, inventar expedientes o distorsionar la ley en contra de una mujer, se activa el Estado de Derecho para protegerla. La Constitución, los tratados internacionales y el Código Penal Federal son claros: quien abuse de su cargo o posición de poder para dañar la integridad, el patrimonio o el honor de una mujer deberá enfrentar las consecuencias jurídicas que establece la ley.
Las garantías adquieren mayor relevancia tratándose de mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, pues el artículo 1º constitucional ordena una protección reforzada. La Convención de Belém do Pará obliga a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la violencia patrimonial y psicológica. Asimismo, el Código Penal Federal sanciona el abuso de autoridad en su artículo 215, la falsedad de declaraciones ante autoridad en el artículo 247 y otras conductas que atentan contra la correcta administración de justicia.
Por ello, Claudia Sheinbaum Pardo, voltee a ver a Sonora. Presidenta, observe a las mujeres jóvenes que hoy son blanco de exclusión por atreverse a liderar. Presidenta, mire a las mujeres indígenas que resisten desde sus territorios.
En Sonora enfrentamos dinámicas de abuso de poder, misoginia y violencia múltiple —personal, familiar, patrimonial e institucional— operadas desde espacios de coordinación política. En el contexto nacional del “llegamos todas”, resulta prioritario garantizar que las mujeres que ejercen liderazgo en Sonora no sean vulneradas por quienes, desde posiciones de poder, despliegan conductas contrarias al Estado de Derecho en todos los ámbitos de su vida.
Mariana G. Argüelles. Abogada y maestrante en litigación, quien actualmente se desempeña como regidora indígena en el estado de Sonora. A sus 28 años, es una política convencida de que la defensa de los derechos de las mujeres indígenas es una deuda histórica que debemos saldar con acciones firmes, compromiso y justicia social.
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