El 17 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal anunciaron con bombos y platillos el mayor decomiso de hidrocarburo de la historia reciente: 59 millones de litros de gasolina regular, premium y diésel localizados en una instalación de San José Iturbide, Guanajuato. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo presentó en la mañanera como un golpe contundente. Medios y funcionarios hablaron de “huachicol” y de un “récord histórico”. No obstante, no hubo detenidos durante la incautación.
Días después, el relato empezó a resquebrajarse, porque Grupo SIMSA, a través de su filial Gas Natural del Noroeste, salió a contradecir la versión de las autoridades federales: la terminal opera desde hace nueve años con un permiso federal para el almacenamiento de petrolíferos, con vigencia de 30 años. Cuenta, además, con autorizaciones ambientales y permisos estatales y municipales de uso de suelo, funcionamiento y protección civil. No es una planta clandestina ni un “mini Pemex” del crimen organizado. Es una terminal regulada que presta el servicio de almacenamiento a terceros —compañías permisionarias que, según la empresa, deben acreditar la propiedad, procedencia y calidad del producto—. El combustible no es propiedad de SIMSA; la compañía solo lo resguarda.
Hasta hoy, la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación, turnada ahora a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, para verificar el origen y la legalidad de esos 59 millones de litros. Eso es legítimo. Lo que no lo es, es haber presentado desde el primer momento una instalación regulada y de larga trayectoria en el giro como si se tratara de un gran golpe al huachicol, sin certeza, sin cautela y con un lenguaje urgente de victoria.
El contraste es ridículo: se anunció un “decomiso histórico” de combustible ilícito en un lugar que cuenta con permisos públicos, consultables y con tres décadas de vigencia. Se generó la expectativa de un desmantelamiento espectacular y, en realidad, se está discutiendo la trazabilidad del producto almacenado en una terminal formal.
“El récord histórico” se desinfló y dejó a la vista la diferencia entre una investigación seria y objetiva y la urgencia de propaganda positiva del Gobierno Federal.
Este tipo de anuncios no es casualidad. El pasado 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno. El documento oficial presume avances en seguridad, reducción de homicidios, programas sociales e inversión. Sin embargo, la oposición, organizaciones civiles, expertos y analistas han señalado pendientes y contradicciones en economía, salud y medio ambiente, así como la persistencia de problemas estructurales.
En ese contexto, un “golpe histórico” contra el huachicol llega en el momento preciso: ofrece una imagen de eficacia y control cuando el balance del informe genera dudas, escrutinio y críticas. La urgencia de generar titulares positivos es comprensible en política; convertir una terminal legal en botín mediático es otra cosa.
La lucha contra el robo y el contrabando de combustibles es indispensable. México ha pagado un costo enorme en seguridad, medio ambiente y finanzas públicas por el huachicol y el llamado “huachicol fiscal”. Precisamente por eso, las autoridades deberían ser más rigurosas.
Presumir resultados precipitadamente, antes de acreditar los hechos, daña gravemente la credibilidad de las instituciones. Cuando el “récord” se desinfla y aparece una empresa con un permiso de 30 años, el costo del ridículo no solo lo paga la FGR, sino también la confianza ciudadana.
Esta pifia genera la percepción de que los anuncios oficiales carecen de veracidad y, lejos de incentivar la confianza en la estrategia del Gobierno, alimenta la idea de que las fuentes gubernamentales desinforman y crean cortinas de humo.
La investigación debe continuar con transparencia. Si hay irregularidades en la trazabilidad del combustible, que se demuestren y se sancionen. Si todo resulta legal, que se reconozca sin titubeos.
Mientras tanto, queda una importante lección: en materia de seguridad y combate al crimen, el espectáculo prematuro puede convertirse en el preámbulo del ridículo.
GUILEBALDO AGUSTÍN CARO
Secretario General de la Fundación Colosio Filial Puebla.
Cronista Municipal. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Diplomado en “Evaluación de Políticas y Programas Públicos” por la SHCP en alianza con la SEP.
Diplomado en “Asesor Legislativo” por la UNAM en alianza con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Diplomado en “Derechos Humanos: aproximaciones para su defensa” por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Director de la Consultoría Excelencia Asesores de Gobierno.
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